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Cómo hacer compatibles la salud, la tecnología y la privacidad

20 proyectos centrados en la recopilación de datos, seleccionados en un programa apoyado por el BID, muestran el hambre creciente de soluciones tecnológicas a la crisis por la covid-19

Personal sanitario en el Hospital Municipal de Campaña Gilberto Novaes, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil) comprueban los datos de algunos de los pacientes.
Personal sanitario en el Hospital Municipal de Campaña Gilberto Novaes, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil) comprueban los datos de algunos de los pacientes.RAPHAEL ALVES / EFE

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Mayo fue el mes en el que más personas buscaron la palabra “inteligencia artificial” en Google. A Gemma Galdón, experta en privacidad en red del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no le sorprende. “Es evidente que hubo hambre de soluciones tecnológicas; de que nos salvaran del enorme reto que ha supuesto la crisis del coronavirus”, explicaba este martes en el encuentro virtual en el que se hizo público el informe Covid-19 y el uso responsable de datos. Análisis de iniciativas apoyadas por BID Lab. “Todo el mundo quería respuestas para ayer. Pero, ¿cómo hacerlo?”, se preguntaba. Esta duda fue la que motivó un programa de financiación de proyectos tecnológicos que aliviaran el peso de la pandemia. Con la lupa puesta en la capacidad operativa de las iniciativas, la protección de los datos y su aporte a la salud pública, el BID apoyará durante periodos de hasta 18 meses a 20 de los más de 500 postulados en diez países de la región.

El coronavirus impactó en América Latina y el Caribe a finales de febrero, con el primer caso registrado en Brasil y la primera muerte en Argentina a principios de marzo. Desde entonces, la metástasis de estos casos iniciales se ha llevado más de 440.000 vidas y ha provocado 12 millones de contagios. La pandemia atacó un sistema sanitario regional que invirtió apenas un 6% del PIB en 2019, según datos de la Organización Panamericana de la Salud y en el que el trabajo informal es la realidad del 55% de los trabajadores. Ante este escenario, el BID puso en marcha un proceso de selección de 10 días para proyectos que aliviaran el peso de una crisis sin precedentes.

A pesar del espacio de tiempo tan limitado, se registraron cerca de 500 propuestas. Un 23% de estas estaban relacionadas con la telemedicina; un 23%, al diagnóstico y análisis de pacientes con covid-19; un 18%, a plataformas de información a la ciudadanía, y un 10% a iniciativas de rastreo de contactos estrechos. El Instituto Laura Fressatto, una entidad brasileña, fue una de las candidatas seleccionadas por su aplicación de autodiagnóstico robotizado. Esta plataforma pretendía reducir el riesgo de contagio y fomentar el monitoreo médico remoto. Hugo Morales, responsable de la aplicación, lo tenía claro: “Si queremos democratizar el acceso a la salud a través de la tecnología, tenemos que entender el camino que hace el paciente y las dudas que se le presentan”.

Este chatbot realiza un cribado entre los potenciales pacientes que se acercarán al centro de salud en plena pandemia y presenta una especie de línea temporal con puntos claves en el historial clínico de cada uno de ellos. Asimismo también ofrece la posibilidad de realizar una teleconsulta. Toda esta información se almacena y se deriva posteriormente a los 15 hospitales brasileños que hacen uso de esta alternativa, así como el posterior monitoreo de los contagiados durante casi dos semanas.Gracias a una aplicación innovadora se economizaron 190.000 llamadas a los colapsados centros de salud brasileños. Más de 6,5 millones de personas se han beneficiado de ella

“Sabemos que manejamos datos muy sensibles, ese aspecto fue una de nuestras principales preocupaciones”, contaba Morales en la reunión virtual. Es por ello que se confeccionó un formulario de consentimiento para los usuarios, se quitó la geolocalización de la aplicación –pues no era necesaria– y se creó un puesto específico en la empresa que organizara este apartado. Estas decisiones se tomaron en las numerosas entrevistas y sugerencias del Laboratorio del BID –quien ha financiado el proyecto con 128.000 dólares (106.000 euros)– y Morales. Por ahora, los datos son alentadores: 6,5 millones de personas se han beneficiado directa o indirectamente, se han atendido a 111.000 pacientes y se han economizado 190.000 llamadas a los centros de salud.

Otra de las iniciativas seleccionadas fue la liderada por Juan Carlos Holguin. El ecuatoriano, en representación de Grupo Link y Kin Analytics, propuso un sistema de rastreo de interacciones o contact tracing en el que se extremaron las precauciones con la información a pesar de que el país latinoamericano carece de una ley estatal de protección de datos.

La idea surgió cuando se produjo un caso en las islas Galápago y el Gobierno intentó hacer un seguimiento de los posibles contactos a través de entrevistas. “Nosotros quisimos automatizar y subsanar los errores de memoria que pueda tener cualquier persona. No queríamos dejar esos casos sueltos”, explicaba Holguin en la videoconferencia. Para facilitar más la descarga, se preocuparon de que apenas ocupara espacio y que no consumiera batería en exceso: “El reto fue hacerlo llegar a la gente. Por eso lo hicimos a través de los supermercados y las cafeterías Juan Valdez”.

La brecha entre sociedad y tecnología

Gemma Galdón lamenta la fuerte erosión que existe entre la sociedad y la tecnología. “Muchas veces es con razón, tras el abuso de la mala praxis de algunos. La gente sigue utilizando las aplicaciones por el mundo en el que vivimos, pero nunca se había desconfiado tanto como ahora; cada vez se tolera menos la falta de transparencia”, incidía enérgica durante la conferencia. “Por eso es momento de hacerlo bien y demostrar que no es ninguna disyuntiva: se puede tener la mejor tecnología, con los mayores estándares de privacidad”.

De hecho, los parámetros utilizados por el equipo de selección del BID han sido incluso más exigentes con el manejo de los datos de lo que estipulaban los Estándares de Protección de Datos de los Estados Iberoamericanos aprobados en 2017. Estos establecen que se podrá limitar el derecho a la protección de datos para salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de la salud pública, de los derechos y las libertades de terceros, así como por cuestiones de interés público. “En el momento en el que estábamos, tampoco quisimos aprovecharnos de la manga ancha, sino ser mucho más cuidadosos con la transparencia y la auditoría”, añadía.

Es por ello que se desarrollaron protocolos que habilitan al dueño de los datos a limitar el tipo de información y el tiempo de uso por terceros. Este es, comentaba Galdón, el punto de inflexión para que se potencie el uso de soluciones tecnológicas sin temor alguno.

Fuente de información: https://elpais.com/planeta-futuro/2020-12-02/como-hacer-compatibles-la-salud-la-tecnologia-y-la-privacidad.html

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